EL DILEMA DE LLARENA

La decisión del Tribunal alemán deja al juez del Tribunal Supremo ante un horizonte incierto en el que ninguna opción parece buena.

El juez Pablo Llarena se encuentra en una encrucijada. La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de extraditar a Carles Puigdemont solo por un delito de malversación eliminando el delito de rebelión obliga al juez del Tribunal Supremo a cambiar de estrategia. Ante sí, Llarena tiene la posibilidad de aceptar la euroorden, algo que no parece que vaya a ocurrir, o buscar un plan alternativo.

En el caso de aceptar la extradición, Llarena tendría que renunciar a juzgar a Puigdemont por un delito de rebelión. Esto supone que la pena que podría cumplir sería de entre dos y seis años de prisión e inhabilitación absoluta entre 6 y 10 años. La pena podría subir si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas.

Además, se quedaría sin efecto la suspensión temporal como diputado, que es solo aplicable a los procesados por rebelión. Y, si Puigdemont restituyera el dinero supuestamente malversado, podría ver reducida su pena y evitar la prisión. Si eso pasa y elude la inhabilitación podría volver a ser presidente de la Generalitat.

Si pudiera ser juzgado por rebelión, Puigdemont se enfrentaría a una pena de prisión de entre 15 y 15 años con inhabilitación absoluta durante el mismo periodo como líder de la rebelión.

Pero si Llarena no acepta la decisión del tribunal alemán, tiene todavía varias opciones. La primera opción sería retirar la euroorden, manteniéndola solo en el territorio nacional. De ese modo obligaría a Puigdemont a permanecer en el exilio hasta 20 años, el tiempo que tarda en prescribir el delito de rebelión. Si el expresidente catalán abandonara Alemania por otro país, el Supremo podría reactivar la orden de detención europea o internacional.

La tercera opción del magistrado es la de elevar la decisión de Alemania al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este se pronuncie. Tanto el Supremo como la Fiscalía española creen que Alemania se ha excedido en su papel al aplicar la normativa europea encargada de regular la euroorden. Con esta posibilidad se dilatarían nuevamente los plazos y se ganaría tiempo para evitar que Puigdemont fuera juzgado solo por malversación.

Aunque ninguna de las tres opciones es idónea, fuentes del Supremo descartan que se vaya a aceptar la entrega de Puigdemont si no es para juzgarle de rebelión. Aceptar la euroorden pondría además al expresidente en una situación ventajosa respecto al resto de procesados que han acatado la ley y se encuentran en prisión provisional.

Por el momento el juez guarda silencio y espera a tener la resolución de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de forma oficial para estudiar el auto y ver la mejor manera de proceder.

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