EL SUPREMO PIDE A MONTORO QUE EXPLIQUE POR QUÉ NIEGA MALVERSACIÓN EN EL 1-O

El Tribunal Supremo ha pedido por carta al Ministro de Hacienda que aclare su razonamiento al decir que no se utilizó dinero público para la votación ilegal del 1 de octubre de 2017.

Las palabras de Cristóbal Montoro al diario El Mundo afirmando que no se había utilizado dinero público para pagar el referéndum secesionista del 1 de octubre han llegado hasta el Tribunal Supremo y el juez Pablo Llarena ha pedido explicaciones al Ministro de Hacienda sobre sus palabras. El magistrado, que lleva la causa del “procés” pide en una carta a Montoro que razone sus declaraciones al tiempo que destaca que la afirmación del ministro contradice las pruebas acumuladas durante la investigación.

Llarena explica en el documento que los procesados por el caso del “procés” se han referido en sus declaraciones de esta semana en el Supremo a “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados” para pedir su libertad, señalando a las declaraciones del ministro de Hacienda.

En la entrevista concedida a El Mundo, Montoro recordó que el Gobierno tiene el control desde septiembre del año pasado de los 35.000 millones de euros que maneja la Generalitat de Cataluña asegurando además que el sistema de control de pagos impuesto en ese momento funcionaba. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, afirmó en la entrevista.

El juez Llarena ha tomado esta decisión en previsión de la posible estrategia de defensa de Puigdemont, actualmente refugiado en Alemania. El Tribunal Supremo teme que el expresidente de la Generalitat use las declaraciones de Montoro para pedir al tribunal alemán encargado de la euroorden que no acepte la entrega a España por malversación.

En el auto de procesamiento contra los exconsejeros y participantes en el “procés” independentista, el juez sí sostiene que se gastaron fondos públicos. Concretamente, el magistrado habla de que dichos “gastos públicos, que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum” suman un total de 1.602.001,57 euros.

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