LA ABOGACÍA DEL ESTADO RETIRA LA ACUSACIÓN POR REBELIÓN A LOS IMPLICADOS EN EL PROCES

La Abogacía del Estado ha cambiado de estrategia y no acusará a los presos detenidos por su implicación en el proces de rebelión, limitando las acusaciones a sedición y malversación. Este cambio de estrategia se produce después de que durante meses, la Abogacía llevara un camino similar a la Fiscalía. 

 

Esto significa que en el juicio por el caso del 1 de Octubre, la Abogacía del Estado defenderá que no se dieron los episodios de violencia suficientes, por lo que fija un delito de sedición y otro de malversación. La decisión se tomó, según publica El País, el pasado lunes en Moncloa cuando Sánchez reunió a sus colaboradores más cercanos quienes concluyeron que la acusación de rebelión era "excesiva".

Será este viernes cuando la Abogacía del Estado presentará su escrito ante el Tribunal Supremo en el que se desmarca del criterio de la Fiscalía y no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean susceptibles de un delito de rebelión, sino de sedición. Con esta postura, la Abogacía del Estado coincide con la postura mantenida por los abogados de los presos independentistas y se aleja de la mantenida por la Fiscalía y la instrucción llevada a cabo por el magistrado Pablo Llarena. 

La postura de la Abogacía del Esrtado se intuía desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, se pronunciaran contrarios a la acusación por rebelión. 

¿Qué es la sedición?

La sedición aparece definida en el Código Penal apuntando que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Las penas que se contemplan para los culpables  de un delito de sedición en una posición de autoridad oscilan entre los 10 y los 15 años. Por su parte, el delito de malversación contempla penas de hasta 12 años de prisión "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros", lo que se supere holgadamente en este caso, después de que la Guardia Civil elevara a 3,2 millones de euros la cantidad malversada en un escrito remitido al alto tribunal.

 

 

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