LA JUEZA DEJA EN LIBERTAD A TRAPERO SIN FIANZA

La juez Carmen Lamela ha ignorado la petición y ha dejado en libertad sin fianza al ex jefe de los Mossos d’Esquadra.

La magistrada de la Audiencia Nacional ha escuchado la declaración de José Luis Trapero, acusado de un nuevo delito de sedición por la “inactividad” de la policía catalana durante la votación ilegal del 1 de octubre. Tras ello, ha decidido dejarlo en libertad sin fianza, desoyendo la petición de la Fiscalía de imponerle una fianza de 50.000 euros.

La Fiscalía hizo esta petición tras descartar pedir prisión provisional para el que fuera mayor de los Mossos. En un escrito justificada la petición de libertad condicionada por “la agravación de la situación procesal” de Trapero que llevó a una nueva imputación por el delito de sedición.

En esta nueva declaración, Trapero habría informado de “detalles importantes que anteriormente ocultó, entre otros, reuniones previas con el presidente Puigdemont, el consejero de Interior y otros mandos policiales”. Esta declaración va en consonancia con las declaraciones del jefe del dispositivo especial de la Guardia Civil para el 1-O, Pérez Cobos.

La jueza asegura que no hay riesgo de fuga por parte de Trapero porque “viene cumpliendo escrupulosamente” todas las medidas cautelares que le fueron impuestas en octubre. Además, explica que ha acudido a declarar a sabiendas de que la Fiscalía podía pedir prisión para él. El pasado 15 de octubre la jueza retiró a ex jefe de los Mossos el pasaporte y le prohibió salir de España, algo que Trapero ha cumplido.

Esta ha sido la tercera comparecencia de Trapero en calidad de investigado tras el inicio de la investigación el pasado mes de septiembre por los altercados ocurridos el 20 y 21 de ese mes en los registros en la Consejería de Economía de Barcelona.

En esta ocasión, la jueza ha considerado que la misión de Trapero en esas fechas “estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España” y le ha imputado un nuevo delito de sedición por la pasividad de los Mossos durante la celebración de la consulta del 1-O.

El delito de sedición se castiga con hasta quince años de cárcel por la obstrucción de diversas autoridades por la fuerza (como un alzamiento tumultuario), la labor de la justicia o los agentes policiales.

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