LLARENA CONFIRMA EL PROCESAMIENTO DE PUIGDEMONT Y EL RESTO DE INVESTIGADOS

El juez del Tribunal Supremo concluye que Montoro no negó que hubiera malversación y ratifica el procesamiento a los investigados por el “procés”.

 

Pablo Llarena ha rechazado los recursos interpuestos por 23 investigados en la causa del “procés” de Cataluña y ha confirmado el auto de procesamiento dictado por él mismo el pasado 23 de marzo contra los investigados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos o desobediencia.

En su auto, el magistrado se reafirma en que hubi violencia en el proceso independentista lo que justifica la acusación de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de malversación recogidos a lo largo de su investigación. Considera también que la violencia durante todo el proceso soberanista no se muestra como un resultado imprevisto sino que fue “conscientemente asumida y buscada para la ejecución de estos hechos, de sueret que el dolo eventual que apuntan los recursos solo se muestra como la inferencia subordinada a la concurrencia de un dolo directo”.

Asimismo, Llarena rechaza que los miembros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia tuvieran inviolabilidad parlamentaria como intentaban alegar. Explica que la inviolabilidad parlamentaria no protege a quien convierte la sede de representación ciudadana “en un mero instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva” nacida fuera de la actividad parlamentaria.

Respecto a las palabras del Ministro de Hacienda que dieron pie a la petición de varios investigados a pedir la libertad, Llarena destaca en el auto que los investigados han silenciado parte de las manifestaciones del ministro Montoro sobre los gastos del 1-O, ya que éstas eran más matizadas de lo que ellos defendieron.

“Los recurrentes proyectan que las declaraciones tuvieron un contenido tajante, lo que dista de la realidad acontecida. La propia entrevista aporta matizaciones que muestran la precisión con la que el entrevistado desea que sea leída su afirmación inmediatamente anterior”, explica Llarena en el texto.

Añade además que la información remitida por Hacienda a petición suya evidencia la incorrección del alegato de las defensas puesto que “la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por el Ministerio de Hacienda detectó determinados marcadores que sugerían” un posible uso indebido de dinero público en las fechas previas a la intervención por parte del Estado, “impulsando por ello el Ministerio de Hacienda a que se realizara la indagación judicial que en este procedimiento se desarrolla.”

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