LLARENA SUSPENDE A PUIGDEMONT Y OTROS CINCO PROCESADOS

El Juez del Tribunal Supremo ha concluido la investigación del 1-O y declara la rebeldía de los fugados.

El magistrado Pablo Llarena ha decretado la conclusión de la investigación del 1-O y la suspensión de funciones como diputado del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros cinco procesados por delito de rebelión: el exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez.

Llarena explica en su auto de conclusión del sumario que la suspensión de funciones para los procesados es una medida automática que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal que supone que, a partir de ahora los diputados no podrán ejercer como tales (y, por lo tanto, no podrán delegar el voto). Deja así en manos del Parlamento catalán la posibilidad de que sean sustituidos por otros parlamentarios de su candidatura.

El caso pasa ahora a manos de la Sala encargada de celebrar el juicio, como ha explicado en su auto el juez Llarena. El magistrado ha explicado también que la opción de dejar en manos del Parlament la posibilidad de sustituir “temporalmente” a los diputados suspendidos permite a los grupos parlamentarios afectados mantener su mayoría en el hemiciclo sin tener que dar de baja definitivamente a los procesados. “No existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contempla en el Parlamento”, dice Llarena.

La suspensión no es sino una medida provisional diferente de la inhabilitación que sufriría si fueran finalmente condenados. Además, esta suspensión quedaría sin efecto si los afectados quedan en libertad (los fugados son considerados presos al no estar en España) o si se les atribuyen delitos que no sean rebelión.

De los consejeros huidos, solo Toni Comin y Meritxell Serret se libran de la suspensión de su cargo de diputado al haber anunciado ambos que recurrirán en reforma el auto de procesamiento, algo que todavía no han hecho.

Además, el magistrado ha adoptado otras medidas en los ocho autos dictados hoy como, por ejemplo, rechazar todas las diligencias solicitadas, al considerarlas innecesarias o reiterativas.

Por último, ha considerado buena la fianza de 2,1 millones de euros ingresada por Asamblea Nacional Catalana para cubrir las responsabilidades económicas a las que podrían ser condenados los procesados por malversación.

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