URDANGARÍN CONDENADO A CINCO AÑOS Y DIEZ MESES DEPRISIÓN

El Tribunal Supremo condena al marido de la Infanta Cristina a una condena de cinco años y diez meses de prisión por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

 

La sentencia del Supremo rebaja en cinco meses la impuesta por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, ya que considera que no hubo falsedad.
Por su parte el que fuera socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres ha sido condenado por el Alto Tribunal a cinco años y ocho meses por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración. Por otro lado, le absuelve de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad.

La sentencia del Supremo no conlleva necesariamente el ingreso en prisión de Urdangarín y Torres. Ahora es la Audiencia Provincial de Palma la que debe decidir si decreta el ingreso en prisión o si convoca una vistilla para los próximos días.

Por otro lado, tras la sentencia del Tribunal Supremo, el ex Duque de Palma tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia y solicitar a la Audiencia de Palma que suspenda el ingreso en prisión hasta que el Constitucional decida si admite o no a trámite el recurso de amparo. Una situación que podría demorarse varios meses.

Una vez que el Constitucional decida si admite o no el recurso de amparo, se pueden producir varias circunstancias: que no lo admita y se decrete el ingreso en prisión inmediato, que lo admita pero decrete su libertad hasta que se produzca una decisión final, o que lo admita pero que se decrete el ingreso en prisión mientras se producen las deliberaciones de los magistrados. Cuando la condena supera los cinco años, suele producirse esta última. La condena a Iñaki Urdangarín es de cinco años y diez meses.

Con respecto a la responsabilidad de la Infanta Cristina y Ana María Tejero, el TS considera que son responsables de un delito de malversación y fraude a la administración, pero anula su responsabilidad en lo que se refiere a delitos contra la Hacienda Pública.

 

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